Se cumplen cuatro décadas de la epidemia del síndrome tóxico que provocó la ingesta de aceite de colza adulterado. Nos lo cuenta el presidente de la Asociación que los representa en León, Abel Fernández

En su momento, este aceite se vendía por los pueblos en garrafas, sin pasar ningún control. Ésta fue mezclada con anilina para para dar una apariencia más parecida al aceite de oliva y por lo tanto adulterada, por lo que no era apta para el consumo. La falta de control provocó envenenamientos, muchos afectados y víctimas que siguen luchando porque “los responsables respondieran por lo que pasó”.

El presidente de la Asociación de Afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico en León, ha contado su historia. Una de tantas… En su caso, en 1980 y haciendo el servicio militar, en el mes de mayo tuvo que ingresar en el hospital con una fiebre alta y fatiga. Un sinfín de medicación de por medio y unas secuelas que le han acompañado a él y a su madre de por vida. La situación actual que se vive con el coronavirus “nos ha trasladado 40 años atrás. Tiene mucha similitud por los síntomas con los que se ingresa y es una enfermedad respiratoria”.

Fernández recuerda que han librado muchas “batallas” para que “los culpables pagasen las secuelas producidas, que no fueron pocas. Hasta el año 1998 no logramos que la administración se hiciera cargo y se declarara responsable civil subsidiario”. Reconoce que no han “tirado la toalla, seguimos adelante porque sabíamos que la administración tenía que ser culpable por permitirlo”. Agrega que “nos han dado una tarjeta sanitaria de afectado por el Síndrome Tóxico. No sirve de nada, pero estoy orgulloso, porque es importante que se nos haya dado voz para que esto no se vuelva a producir”.

En León se vieron afectadas casi 1150 personas y las secuelas que arrastran van desde disneas hasta alteraciones intelectuales, hiperglucemia, síndrome del túnel carpiano, insomnio, hipercolesteremia, pérdidas de memoria, palpitaciones, entre otras muchas.

Fernandez asegura que la lucha sigue activa, “porque creemos que la administración no ha pagado lo que tenía que pagar”. Una de sus reivindicaciones es el estudio del origen de esta situación.