El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana explica que el Ayuntamiento ya devuelve los cobros de 2025 y advierte sobre la incertidumbre que aún rodea al recibo de 2024

El programa Manos Arriba ha desenredado esta tarde la compleja situación de las tasas de basura en la capital leonesa con la ayuda de Miguel Ángel Sánchez, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León. El experto ha confirmado que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado las ordenanzas de gestión de residuos de 2024 y 2025 por graves defectos formales y de fondo. Sánchez detalla que la tasa de 2025, que unificaba la recogida y el tratamiento, carece de validez legal debido a que el consistorio no ha respetado los plazos de publicación oficial exigidos por la normativa.

Respecto a la tasa de 2024, el gerente de la Cámara de la Propiedad ha señalado que la justicia la considera ilegal porque no atiende a la realidad socioeconómica de cada vivienda. Sánchez argumenta que el Ayuntamiento no respeta principios básicos como la proporcionalidad o la capacidad económica al cobrar lo mismo a una casa de seis personas que a un apartamento vacío. Esta cuota fija de 38 euros contraviene el sistema tributario, ya que la ley exige una equivalencia real entre el coste del servicio y lo que finalmente se paga.

En cuanto a las consecuencias prácticas, el representante de la Cámara ha comunicado que el ejercicio de 2025 está totalmente resuelto y el Ayuntamiento ya devuelve de oficio el dinero recaudado. Sánchez indica que si un ciudadano no ha recibido todavía el ingreso, solo tiene que facilitar su cuenta corriente a la administración municipal para agilizar el trámite. Para aquellos que no han realizado el pago de dicho año, el experto afirma que ya no existe obligación alguna de abonarlo al estar la liquidación anulada por completo.

Finalmente, Miguel Ángel Sánchez ha pedido cautela a los propietarios leoneses sobre los recibos correspondientes al año 2024. Aunque la justicia también ha invalidado esta ordenanza, el Ayuntamiento aún no ha anulado esas liquidaciones de forma general y mantiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo. El gerente recomienda no precipitarse con reclamaciones masivas y esperar a que el consistorio decida si acepta la sentencia o si, por el contrario, obliga a todos los vecinos a pagar mediante un recurso judicial.

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