El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, Miguel Ángel Sánchez, llega a los estudios de ‘Manos Arriba’ para darnos algunas pautas sobre la nueva Ley de Vivienda, uno de los compromisos del Gobierno, pero que todavía se desconoce en su gran mayoría

La nueva normativa incluye la limitación del precio de los alquileres y tendrá en cuenta las políticas autonómicas y municipales. De momento, todas las gobernadas por el PP ya han mostrado su rechazo a aplicarlas.

El gerente de la Cámara habla de esta ley como “ley clandestina, porque nadie la conoce. Lo único que tenemos son un conjunto de filtraciones imprecisas y algunas contradictorias. Se amenaza con una serie de medidas tendentes a mejorar el arrendamiento y el acceso a la vivienda. Lo que ocurre es que es una más”, sentencia. Asegura que desde el año 1964 no han parado de haber leyes y normativas, pero “lo que hacen es disminuir la tasa de familias en régimen de alquiler. Es la realidad excepto en estos últimos años, porque no hay acceso a las hipotecas. Si a eso le sumas que los sueldos no son buenos…”.

Esta ley implicaría el control a la limitación de rentas, lo que se traduce en que no se suban las rentas y en los contratos nuevos no superen un índice que se publica por el Gobierno”. Esto significa que si en una calle concreta y tal piso, la renta no puede superar tanto dinero, aclara Sánchez. El efecto, según el gerente, es que puede ser que al arrendador no le interese sacarlo en alquiler.

En España, el 90% son pequeños arrendadores, y a todos ellos, esta ley, si sale adelante, porque no se verá antes del verano que viene, “contempla algún tipo de bonificación fiscal”.

Pero todo ello se refiere a “zonas tensionadas, que para serlo tienen que cumplir dos requisitos. El primero es que las subidas del alquiler hayan estado 5 puntos por encima del incremento del alquiler. El segundo, que las familias dediquen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda”. Ninguna zona de Castilla y León está en esta situación, sostiene Sánchez, que afirma que esto está pensado para las grandes ciudades.

La competencia de vivienda la tienen cedidas las Comunidades Autónomas, por lo que habrá que ver si se cumplen o no, con esta ley, las competencias.

Por último, esta ley también contempla una ayuda de 250 euros para los jóvenes durante dos años. Puede ayudar a la emancipación, pero no soluciona, según Sánchez, el problema de la vivienda, “que seguirá ahí. Esto será un pequeño parche, porque además, la limitación de precios no ha funcionado hasta ahora. La oferta se va a contraer y lo que hace falta es lo contrario, porque a más oferta, más bajan los precios”.

Sánchez concluye que la administración ha sido incapaz de generar “la vivienda social suficiente, que no es lo mismo que asequible, y las inversiones se van a paralizar”.