La nueva ordenanza municipal, que cambia el sistema de cobro a un modelo individual, ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia, pero la situación sigue siendo incierta
La ciudad de León se encuentra inmersa en una nueva polémica relacionada con la tasa de basuras. Precisamente, esta tarde en el programa de Manos Arriba hemos hablado sobre este tema con Miguel Ángel Sánchez, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, que ha abordado la confusión generada por una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento en diciembre de 2023. Esta normativa tenía como objetivo unificar el cobro del tratamiento de residuos, que antes se pagaba a la entidad provincial Gersul, y la recogida, que ya gestionaba el Ayuntamiento. La nueva tasa, que sería de carácter individual y no a través de las comunidades de propietarios, buscaba simplificar el proceso y garantizar que todos los ciudadanos pagaran por el servicio.
El cambio ha generado sorpresa entre los vecinos, muchos de los cuales han recibido por primera vez una factura individual por este concepto. Hasta ahora, el pago de estos 38 euros anuales por el tratamiento de residuos sólidos urbanos solía estar incluido en las cuotas de la comunidad de vecinos, sin que los residentes lo notaran directamente. Aunque este cambio supone una nueva forma de pago, el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana no cree que vaya a tener un impacto significativo en las cuotas de las comunidades, ya que la cantidad es relativamente pequeña. Sin embargo, lo que se presenta como una simple sustitución de la forma de pago, ha puesto de relieve la falta de información clara para los ciudadanos.
La situación se complica aún más debido a una normativa europea que obliga a unificar estas tasas. El Ayuntamiento aprovechó la aprobación de la ordenanza para el año 2025 para también incluir en ella la recogida de basuras y subir la cantidad a 103 euros, cifra que, según la administración, reflejaría los costes del servicio de forma más precisa. Sin embargo, un giro inesperado ha puesto en jaque toda la estrategia municipal: una asociación de escuelas católicas impugnó la ordenanza de 2025 y el Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón, anulando la tasa prevista para el próximo año.
Este fallo judicial ha creado un vacío legal y una gran incertidumbre, especialmente con respecto al cobro de los 38 euros de la tasa de tratamiento de residuos para el año 2024. Puesto que la ordenanza de 2025 fue derogada, queda un argumento legal para impugnar la tasa actual, ya que la anterior normativa que la sustentaba fue derogada. Mientras que en casos similares, como la impugnación del IBI, el Ayuntamiento recurrió hasta el Supremo, en este caso, parece que la administración municipal se conforma con el fallo. Esta falta de claridad sobre si el cobro de la tasa actual es legal, y sobre cómo se resolverá la situación en el futuro, mantiene a los vecinos en vilo.
