La discriminación de Rubén Calleja creará jurisprudencia en el Supremo. Hablamos con su padre, Alejandro Calleja, para que nos cuente cómo ha recibido esta noticia

Rubén y su familia llevan 12 años luchando para defender los derechos, ya que por el hecho de tener Síndrome de Down han tenido que afrontar una serie de trabas que se han prolongado en el tiempo, si bien parece que esta lucha empieza a ver la luz, puesto que están a la espera de una respuesta del Tribunal Supremo, tras las indicaciones de la ONU. “Es un proceso que nunca se tenía que haber producido, porque Rubén antes de ello estuvo ocho años perfectamente adaptado e integrado en su colegio, con sus compañeros, profesores y entorno”. El problema llegó en 5º de Primaria, cuando un profesor se negó desde un principio a tenerle en el aula, le ninguneó y le hizo la vida imposible, y como se demostró en el juicio le quiso tirar por la ventana, dar con una silla… Esto se testificó en el juicio oral de León y consta en la sentencia. Unos hechos gravísimos”, señala Alejandro, agregando que “el claustro de profesores y la administración educativa de León y Castilla y León, en vez de pronunciarse en favor del menor, silenció estas conductas”. Con todo ello, los equipos de orientación, la Dirección Provincial… se llegó a la conclusión de echar a Rubén del colegio ordinario, “algo a lo que nos negamos y por lo que empezó esta lucha”.

A la familia se le imputó incluso un delito de abandono de familia, lo que provocó también una presión emocional y psicológica a sus padres, por “hacer lo que teníamos que hacer, que era defender el derecho y la dignidad de Rubén, con acusaciones como ésta, cuando estamos haciendo todo lo contrario y encima te acusa la parte que no lo hace…”. Finalmente, la denuncia decayó y “la sentencia ha quedado ahí y nos ha servido para sustentar todo este proceso”.

Alejandro asegura que “las familias nos vemos en un vacío tremendo, en un abismo. Es un tema muy complicado y genera soledad. Muchas veces no se inicia este proceso por esto, porque enfrente te encuentras a una maquinaria administrativa muy potente”.

Este proceso llegó, después de acudir a todos los canales ordinarios, a la ONU, que salió en defensa de los derechos de Rubén. “En 2020 nos dio la razón en todas las peticiones. Ahora peleamos para que esta sentencia sea efectiva y real, porque si no queda bonito, pero no vale para nada. El Estado tiene responsabilidad y está obligado a cumplir la sentencia, pero por ahora se está negando. Estamos en esa pelea e hicimos una reclamación a Justicia, no nos atendió, la Audiencia Nacional no falló a nuestro favor, pero a través de un recurso de casación y el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que nos ha apoyado en este proceso, será el Supremo el que decida cómo se da cauce a estos dictámenes de la ONU”.

Rubén actualmente tiene 23 años, pero con “11 fue desahuciado por la Administración Educativa, fue calificado de ineducable, agresivo, peligroso… Unas calificaciones que denotan la bajeza humana de las personas que intervinieron en este proceso”. Rubén ha conseguido hacer un ciclo formativo y se encuentra trabajando en la Asociación de Alzheimer de León. También se ha iniciado en el modelaje.

Alejandro asegura que “muchas familias entienden que es más fácil meter a los niños en centros especiales, pero es un error, porque la inclusión se da en centros ordinarios. La inclusión es un derecho de todos”.