Nos visita el abogado Alejandro Marcos, para arrojar un poco de luz en torno a las polémicas que han surgido con la Ley ‘solo sí es sí’.
Esta Ley se ha convertido en un tema de actualidad, después de que varios tribunales hayan revisado a la baja condenas de agresores sexuales, quedando incluso algunos en libertad. Pero ese no es el espíritu de esta norma, que nació para garantizar una mayor protección de las mujeres y agravar las penas de los agresores. Por eso el Gobierno apela a la sensibilidad de los jueces. El Supremo y la Fiscalía trabajan para unificar una doctrina al respecto.
Según este experto, esta Ley no solo comprende la modificación del Código Penal, sino también otras medidas, sobre todo en materia de protección de víctimas de violencia sexual. La reforma principal y más llamativa es la modificación de la gravedad de las penas en el Código Penal, que consiste en la eliminación del delito del abuso sexual, unificándolo en el de agresión sexual, que estaba penado de uno a cinco años, y ahora de uno a cuatro. La diferencia entre estos delitos, los elementos definitorios, son el uso de la violencia e intimidación. “A colación de esta reforma, muchas de estas personas, que han sido condenadas por delitos de agresión sexual, se ven beneficiadas. Esto tiene varias explicaciones. Una de ellas puede ser que una persona que esté cumpliendo cinco años, con la reforma serían cuatro. Podría cumplir antes la pena y acceder antes a beneficios penitenciarios. En todo caso, la Fiscalía del Estado ha establecido las pautas para entender cuándo procede o no la revisión de este tipo de condenas. Hay que quitar presión a todo este alboroto, porque no todos van a salir de la cárcel tan fácilmente”.
Para el letrado, es importante entender que esta reducción viene derivada de un mecanismo que ya existía antes de la reforma.
“Se ha tratado de incrustar el abuso sexual en un delito de agresión sexual y entiendo que a veces se legisla a golpe de prensa o titular, y esto, en ocasiones, perjudica a las partes. Este decreto se ha formulado por el Gobierno y se ha aprobado por todo el Parlamento, así que es la ley de todos”.
Que el Supremo y la Fiscalía trabajen en la unificación, mencionar que “ya se han establecido las pautas para que la propia Fiscalía pueda seguir un guión, a la hora de valorar si procede o no la revisión. El Supremo debe tratar de aplicar la ley y si hay controversia, tratar de unificar doctrina. Tenemos que ser prudentes y ver lo que sucede”, señala Marcos.
Los plazos de tramitación de estas revisiones están entre los dos y los tres meses, aunque depende del órgano judicial y la carga que tenga.
Personalmente, el abogado considera que la ley es “un tanto errónea, porque estos dos términos, tanto el abuso como la agresión, estaban claros. Otra cosa es que se aplique o no, y si beneficiará o no a las víctimas tendremos que verlo con el tiempo”.
