El Tribunal Constitucional acumula un total de 8 recursos presentados en contra de la Ley de Vivienda
El martes se celebró en Valladolid una jornada para analizar los efectos y la realidad de la Ley de Vivienda estatal, desarrollada en la propia Consejería junto al Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León y en la que participó nuestro colaborador Miguel Ángel Sánchez, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León.
La Ley estatal de Vivienda cumple su primer año desde su aprobación “y se aprobó precipitadamente y sin consultar a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias de vivienda, ni se consultó con los actores civiles. Por lo menos podríamos haberles advertido de esas irregularidades que sabíamos que se iban a producir una serie de efectos que al final se han confirmado”, señala Miguel Ángel Sánchez.
El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León recuerda que esta Ley “sólo ha servido para generar más inseguridad jurídica, una disminución de la oferta de vivienda en alquiler y también de la vivienda en propiedad, una huida de inversores extranjeros por temas de inseguridad jurídica principalmente”.
Recalca Sánchez que esta normativa “en vez de promover el acceso a la vivienda, lo que hace es restringir derechos de los propietarios, amén de regular una serie de artículos que ya estaban en otras legislaciones. Tendría que ser una ley muy pensada y consensuada con todos los agentes sociales y políticos, nadie está de acuerdo con ella, de hecho hay 8 recursos diferentes al Tribunal Constitucional”.
Por último ha destacado que “esta Ley se ha aprobado por motivos ideológicos, con más ideología que razón de ser, y cuando una ley se apoya más en la ideología que en hechos, en datos y en necesidades pasa lo que pasa”
