Un estudio de Linea Directa estima que un 6% de los partes de accidente que se presentan buscan el engaño

¿España es un país de pícaros? Atendiendo a los partes de accidente de automóvil que se presentan a las aseguradoras, se podría decir que sí. Al menos un 6% de los mismo contiene información falsa o una exageración de daños. Francisco Valencia,  Director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, nos ha abierto los ojos en Manos Arriba.

 “Este puede ser un país de pícaros, pero en otros territorios como el Reino Unido o EEUU los porcentajes son similares”, señaló Francisco Valencia, en alusión al estudio realizado por su empresa. Se trata del tercer barómetro que realiza Línea Directa sobre este asunto, un informe que tiene carácter bianual.

En esta ocasión, son 50.000 casos los que se han analizado entre los años 2013 y 2014. Los fraudes se detectan a través del tramitador de los partes, también con sistemas informáticos que establecen patrones defraudadores, y por supuesto, la investigación de cada caso concreto resulta clave.

Desde el año 2009, es decir, desde el auge de la crisis, los intentos de fraude a las aseguradoras de automóviles han aumentado en un 3’5%. El perfil más usual del defraudador es el de “un hombre menor de 26 años y con escasos recursos económicos”, tal y como señala Francisco Valencia. León, por cierto, lidera esta clasificación de dudosa reputación en la comunidad autónoma. Cabe destacar también que en este estudio, los hombres defraudan más que las mujeres (63,5% frente al 51,7%).

Francisco Valencia también explico en Manos Arriba que el  el 94,5% de los intentos de fraude son relativos a los daños materiales y el 4,5%, a las lesiones, aunque el importe medio de estos últimos multiplica por 30 al de los primeros (17.300 euros de media en las estafas de lesiones frente a 550 euros en las de daños materiales).

El estudio realizado presenta un dato a tener en cuenta ya que el 75% de los conductores de la comunidad de Castilla y León (1,2 millones), un porcentaje muy parecido a la media nacional del 73%, afirma que no tendría ningún problema en denunciar a alguien si obtuviera un beneficio económico directo a cambio, una práctica muy habitual en países como Estados Unidos o Reino Unido.