Los juzgados obligan a la DGT a devolver el importe de multas de radar, por no haber aplicado su margen de error

Se ha abierto la veda. La justicia de Burgos y Valencia se ha unido al centenar de sentencias que dan la razón a los conductores e instan a la DGT a anular sanciones de radar en las que no se ha aplicado el margen de error de los radares; que abarca un 10% en los de tramo, un 7% en los móviles y un 5% en los fijos.

Con esta premisa, según el Presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, una sanción de radar fijo de 300€ y 2 puntos de carnet se rebaja a 100€ sin puntos; algo que Arnaldo califica de injusticia y por lo que llevan luchando desde 2010. 

“El problema es que tráfico ha interpretado erróneamente la aplicación del cuadro de sanciones de la ley de tráfico y seguridad vial aplicada en 2010. Porque hay que aplicar esa sanción pero habiendo descontado, a la velocidad sobreimpresionada, el margen de error”, afirma Arnaldo. Algo por lo que la DGT podría verse obligada a anular las sanciones impuestas a más de medio millón de conductores, en los últimos cuatro años.

En 2016 la siniestralidad en carreteras aumentó, después de 13 años en descenso, hasta los 1.038 accidentes mortales, por lo que Ignacio Zoido, Ministro de interior, ha anunciado que se implantarán otros 60 radares, que se suman a los 951 fijos que hay en España. Una cifra que, pese a ser bastante inferior que en el resto de los países europeos, conlleva una recaudación mucho mayor. 

Según un estudio de la Asociación de Automovilistas Europeos, mientras en Bélgica hay instalados 5.561 radares fijos por cada 10.000 km de carretera, y en Francia 3.953, en España hay tan solo 29. El mismo estudio que afirma que la tasa de productividad de los 3.286.799 de denuncias, que formularon los radares españoles, es mucho mayor que los 13.000.000 de denuncias francesas. 

Elevar el número de radares de forma sistemática no parece ser la solución de reducir la siniestralidad en las carreteras españolas dado que, según  Mario Arnaldo, lo que asegura el éxito es evaluar la cifra de accidentes y fallecidos antes de su colocación en los puntos de conflicto y los reducidos con posterioridad. 

A pesar de todo las sanciones impuestas erróneamente pueden ser recurridas por vía administrativa, siempre y cuando no se hayan solventado acogiéndose al 50% de descuento por pronto pago. En ese caso, acudir a los tribunales es la única opción, hasta que tráfico aplique el margen de error en las futuras sanciones.